En un paso contundente contra la corrupción y el robo de combustible, el gobierno federal confirmó que 14 personas han sido formalmente vinculadas a proceso por su participación en una red de huachicol fiscal.
Una madrugada decisiva en la justicia
En las primeras horas del día de hoy, la Fiscalía General de la República aseguró la vinculación a proceso de todos los implicados, de los cuales dos se encontraban fuera del país al momento de las detenciones. Así se cumple una primera fase del procedimiento penal sin dejar cabos sueltos.
Blindaje institucional y líneas claras de defensa
Autoridades federales, incluyendo el titular de Seguridad Pública, aseguraron que ni un ex gobernador ni un ex senador están involucrados en estos hechos, disipando cualquier vínculo político. Además, el gobierno dejó claro que no existe conexión alguna entre este caso y el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, pues se trata de dos investigaciones distintas.
Semar reafirma su integridad
El mando de la Secretaría de Marina enfatizó que su institución mantiene una política de cero tolerancia contra la corrupción, y destacó los protocolos de confianza implementados para evitar infiltraciones. Aunque no se detallaron nuevos involucrados, se confirmó que la cooperación con la FGR continúa activa y abierta.
Investigación contra la corrupción: un largo camino por delante
La indagatoria se originó a raíz de denuncias realizadas en 2024 por el exsecretario de Marina. Desde entonces, se activaron ministerios clave como la UIF, el SAT y la Secretaría de Hacienda para desentrañar las redes de corrupción ligadas al robo de hidrocarburos. Operativos anteriores en Ensenada y Altamira permitieron detectar depósitos masivos de combustible no declarado, sentando las bases para los arrestos actuales.
Un paso firme, pero no el último
La vinculación a proceso de estos 14 individuos representa un golpe significativo contra el huachicol fiscal. Sin embargo, el gobierno subrayó que las investigaciones no se detienen: se buscarán más responsables y se reforzarán los mecanismos para asegurar justicia y transparencia en la gestión pública.
