Propuestas como el uso de drones, misiones navales y operaciones especiales están sobre la mesa, lo que eleva la tensión diplomática y plantea dilemas legales y de soberanía.
La administración estadounidense ha evaluado opciones ofensivas para golpear a grupos delictivos en territorio mexicano, incluyendo el empleo de drones armados, acciones desde plataformas navales y operaciones encubiertas de fuerzas especiales. Estas alternativas forman parte de un análisis estratégico orientado a desarticular a organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Las propuestas enfrentan barreras legales importantes: no existe un marco claro que autorice ataques militares unilaterales en suelo de otra nación sin consentimiento expreso. Asimismo, el gobierno mexicano ha reiterado su rechazo a cualquier intervención que vulnere su soberanía, lo que complica la posibilidad de operaciones extranjeras en territorio nacional.
Una operación de este tipo podría provocar una escalada en las relaciones bilaterales, afectando la cooperación en seguridad y otros ámbitos. Además, la intervención extranjera podría generar rechazo social y exigencias de rendición de cuentas por posibles impactos sobre civiles y autoridades locales.
Por ahora las medidas se encuentran en fase de estudio y diseño; no hay confirmación de despliegues ni de acuerdos operativos concretos. Cualquier avance requerirá negociaciones diplomáticas, claridad legal y mecanismos de supervisión para minimizar riesgos y respetar la soberanía.
La posibilidad de acciones militares o paramilitares desde Estados Unidos contra cárteles en México abre un debate complejo sobre eficacia, legalidad y soberanía. La atención internacional estará puesta en cómo evolucionan las propuestas y en las respuestas oficiales de ambos gobiernos.
