Ciudad de México.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales presentó una cartilla destinada a prevenir el despojo de inmuebles en la capital, un delito que ha cobrado relevancia por los casos en los que grupos organizados ocupan viviendas mediante documentos falsos, engaños, amenazas o aprovechando situaciones de abandono. La estrategia contempla la difusión de información clara para que la ciudadanía pueda reconocer señales de riesgo antes de perder el control de una propiedad y cuente con herramientas básicas para actuar frente a cualquier intento de ocupación irregular.

La consejera jurídica, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, explicó que el documento no se limitará a describir viviendas en condición irregular, sino que también abordará el modo de operación de las redes dedicadas al despojo, los errores más frecuentes que pueden poner en riesgo un inmueble y las rutas jurídicas disponibles para presentar denuncias o solicitar acompañamiento. Como parte de la estrategia se impartirán talleres, cursos y pláticas en distintas zonas de la ciudad, con especial atención en colonias donde este delito ha generado preocupación entre propietarios y habitantes.

La cartilla busca fortalecer la prevención mediante recomendaciones como mantener actualizados los documentos de propiedad, revisar periódicamente la situación registral del inmueble, evitar entregar escrituras o identificaciones a personas desconocidas y acudir de inmediato ante las autoridades cuando se detecten cambios de cerraduras, sellos retirados, contratos sospechosos o personas que intenten acreditar derechos sobre la vivienda. La intención es que las familias no esperen a que el conflicto avance y puedan reaccionar desde las primeras señales de una posible ocupación ilegal.

Las autoridades capitalinas señalaron que la información será acompañada por orientación institucional para que las víctimas conozcan dónde denunciar y qué documentos presentar. Con esta medida, el Gobierno de la Ciudad de México busca reducir la vulnerabilidad de adultos mayores, familias con viviendas deshabitadas y personas que enfrentan conflictos sucesorios, sectores que suelen encontrarse entre los más expuestos a este tipo de delitos.