El caso Ayotzinapa registró uno de sus movimientos judiciales más relevantes con la captura del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre. La detención fue realizada por autoridades federales como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre las responsabilidades de funcionarios que ocupaban cargos públicos cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes en Iguala.
La investigación se relaciona con videos obtenidos por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Las imágenes presuntamente registraron la detención de un autobús utilizado por los normalistas y la participación de policías municipales durante la noche del 26 de septiembre de 2014, pero el material no fue incorporado oportunamente al expediente.
Según la información difundida sobre el caso, personas colaboradoras declararon que el exgobernador habría recibido conocimiento de las grabaciones y ordenado que fueran eliminadas u ocultadas. La Fiscalía considera que esa acción pudo impedir el acceso a pruebas necesarias para establecer qué ocurrió con los estudiantes y quiénes participaron en su desaparición.
La situación jurídica del exmandatario será definida por un juez después de que la FGR presente sus datos de prueba y la defensa responda a las acusaciones. Mientras no exista una resolución judicial definitiva, Aguirre debe ser considerado inocente. El caso continúa abierto y todavía existen interrogantes sobre el paradero de la mayoría de los jóvenes.
