En todo México, la exigencia de justicia es cada vez más fuerte. Ciudadanas y ciudadanos demandan un Poder Judicial responsable, que actúe con profesionalismo, imparcialidad y honestidad. La confianza en las instituciones depende, en gran medida, de que las y los jueces, magistrados y ministros respondan con ética y transparencia.
La población mexicana no pide milagros, pide resultados: que se respeten los derechos humanos, que los procesos judiciales sean ágiles, y que quienes ocupan cargos en el sistema judicial actúen con preparación y compromiso.
Para lograr una verdadera justicia, es necesario juzgar con oficio, respetando tanto la Constitución como las leyes vigentes, así como los derechos procesales de todas las personas involucradas en un juicio.
Uno de los principales reclamos sociales es la lentitud en los procesos judiciales. Atender los juicios con rapidez no sólo fortalece la percepción de justicia, sino que acerca el derecho a la gente. La justicia tardía, dicen, es justicia negada.
Asimismo, la ciudadanía exige un manejo prudente y transparente de los recursos públicos, ya que estos provienen de los impuestos que todos los mexicanos pagan. Ser eficientes en el uso del presupuesto es también una forma de justicia.
Quienes aspiran a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen la responsabilidad de acercar la justicia al pueblo. Para lograrlo, es necesario promover perfiles profesionales, no sólo por su capacidad técnica, sino porque su formación constante los vuelve más confiables ante la sociedad.
Una carrera judicial auténtica, basada en la ética, la experiencia y los valores institucionales, es clave para garantizar una justicia sólida y legítima.
Ante las crecientes demandas sociales, es momento de repensar el papel del Poder Judicial en México. La cercanía con la gente, la transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales, son indispensables.
Un país más justo es posible si quienes imparten justicia lo hacen con convicción, profesionalismo y verdadero compromiso con el Estado de Derecho.
