La jefa de Gobierno de la CDMX advierte que el patrimonio cultural no puede ser removido ni subastado sin apego a la ley
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un enérgico llamado a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para que respete los espacios públicos y la infraestructura cultural de la capital, tras el retiro sin autorización de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara ubicadas en la colonia Tabacalera.
Durante una conferencia de prensa, Brugada calificó como "inadecuado" y "fuera de norma" el proceder de la alcaldía al remover los monumentos sin contar con el visto bueno del Comité de Monumentos, órgano dependiente de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.
"Lo que debe dejarse muy claro es que las alcaldías no tienen atribuciones para estar subastando o rematando, o realizar alguna actividad económica con monumentos o con ninguna propiedad del gobierno", sentenció la mandataria.
La jefa de Gobierno subrayó que ninguna alcaldesa o alcalde tiene la facultad de tomar decisiones unilaterales respecto al patrimonio público, que por ley pertenece a toda la ciudadanía y debe ser preservado conforme a la normatividad vigente.
Brugada aseguró que su administración ya trabaja en coordinación con el Gobierno federal para recuperar las esculturas y reinstalarlas en un espacio simbólico de la Ciudad de México. "Es importante darle una salida cultural, como la gente espera. Lo fundamental aquí es que la Ciudad de México representa diversidad, historia y pluralidad de expresiones", afirmó.
Además, recordó que el Comité de Monumentos ya emitió un exhorto formal a la alcaldía Cuauhtémoc para que se restituya el patrimonio, advirtiendo que en caso de desacato se iniciarán procedimientos legales a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad.
El retiro sin autorización podría ser sancionado
La jefa de Gobierno recalcó que la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México establece que los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que no pueden ser vendidos, donados ni trasladados sin que se modifique legalmente su situación jurídica.
Este episodio reaviva el debate sobre la gestión del patrimonio histórico y cultural en la Ciudad de México y pone en el centro la necesidad de establecer mecanismos claros de coordinación entre alcaldías y el gobierno central para proteger los bienes públicos que conforman la memoria colectiva de la capital.
