La justicia de Estados Unidos emitió este lunes una orden judicial que impide al gobierno del presidente Donald Trump aplicar deportaciones rápidas a miles de migrantes sin antes darles la oportunidad de demostrar sus temores de persecución, tortura o incluso muerte en los países a los que serían enviados.
La medida cautelar, respaldada por el juez de distrito Brian Murphy en Boston, prohíbe temporalmente la expulsión acelerada de personas con órdenes definitivas de deportación, muchas de las cuales cuentan con protecciones legales. Esta decisión limita la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para proceder con deportaciones sin una revisión exhaustiva del caso.
La resolución también representa un freno a los intentos de la administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que protege a más de 350 mil venezolanos. Un fallo previo del juez Edward Chen determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, actuó ilegalmente al revocar estas protecciones otorgadas durante el gobierno de Joe Biden.
En paralelo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitó al sistema judicial bloquear la deportación de dos venezolanos detenidos en Texas bajo una antigua ley de 1798, utilizada en el contexto de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La ACLU advirtió que las autoridades están utilizando acusaciones infundadas para vincular a venezolanos con la pandilla criminal Tren de Aragua, sin presentar pruebas. Una reciente evaluación de inteligencia del gobierno estadounidense no encontró conexión entre esta organización criminal y el gobierno de Venezuela, contradiciendo así a funcionarios que han justificado deportaciones bajo ese argumento.
El senador demócrata Chris van Hollen denunció públicamente la deportación errónea de Kilmar Armando Ábrego García, un ciudadano de Maryland, quien fue enviado a El Salvador y encarcelado por casi tres semanas en el CECOT, una prisión de máxima seguridad.
Durante una visita oficial a ese país, Van Hollen intentó entrevistarse con Ábrego y enfrentó obstáculos impuestos por las autoridades salvadoreñas. Finalmente logró reunirse con él en una prisión de menor seguridad en Santa Ana.
Van Hollen acusó al gobierno salvadoreño de escenificar una reunión con tintes relajados al colocar bebidas tipo margaritas durante la entrevista con Ábrego, lo que desató burlas en redes sociales bajo el nombre de #Margaritagate. Nadie bebió margaritas, fue un intento burdo de propaganda, afirmó el senador.
Desde su red Truth Social, el expresidente Donald Trump ridiculizó al senador Van Hollen por su intervención diplomática. Parecía un tonto, rogando por atención, escribió el exmandatario, reiterando que Ábrego es un miembro de la pandilla MS-13 y que no será admitido de nuevo en Estados Unidos.
