La primera subasta de este sexenio se llevará a cabo del 25 de julio al 6 de agosto, a través del portal oficial del INDEP
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) anunció este miércoles el reinicio de las subastas públicas de bienes muebles e inmuebles asegurados al crimen organizado, así como a responsables de delitos fiscales y de cuello blanco.
En conferencia matutina, la titular del organismo, Mónica Fernández Balboa, informó que la primera subasta de este sexenio se llevará a cabo del 25 de julio al 6 de agosto, a través del portal oficial del INDEP, en la sección "Subastas".
La funcionaria detalló que, tras un proceso de revisión jurídica y administrativa, se identificaron los activos en condiciones legales para ser comercializados de manera transparente y conforme a derecho. El catálogo incluye propiedades, vehículos, joyas, maquinaria y otros artículos decomisados o embargados en el marco de procesos judiciales.
En total, se pondrán a la venta 218 bienes inmuebles y más de 145 mil artículos muebles, entre los que destacan:
- Residencia en Zapopan, Jalisco: Casa de tres niveles, cinco recámaras y 800 m² de construcción. Precio base: 15 millones 239 mil 500 pesos.
- Chevrolet Tahoe blindada 2013: Precio inicial: 325 mil 339 pesos.
- Motoniveladora amarilla: Precio base: 576 mil 5 pesos.
- Terreno con casa en Cuerámaro, Guanajuato: Inmueble con patio, corrales, bodega y cochera para tres autos.
- Chevrolet Camaro 2016: Precio de arranque: 141 mil 589 pesos.
La lista completa de artículos estará disponible en el sitio web del INDEP a partir del 25 de julio. Para participar, personas físicas y morales deberán registrarse en la plataforma, generar un usuario y cumplir con los requisitos establecidos en las bases de venta. Estos incluyen documentación oficial como INE, CURP, comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal. Las empresas deberán presentar también su acta constitutiva.
Según Fernández Balboa, estas subastas forman parte de la estrategia del gobierno federal para recuperar y redistribuir recursos que fueron arrebatados a la sociedad por medio de actividades ilícitas, al tiempo que se fortalece la transparencia y la legalidad en el manejo de bienes asegurados.
"El objetivo es claro: que lo que alguna vez fue producto de actos ilegales, hoy pueda beneficiar directamente al pueblo", enfatizó la funcionaria.
