La FIFA provocó una de las mayores confrontaciones institucionales de los últimos años al presentar FIFA Forward Enterprise, una nueva filial que administraría los principales negocios de sus competiciones. El proyecto contemplaba concentrar derechos de televisión, patrocinios, licencias y venta de entradas, permitiendo que inversionistas privados adquirieran una participación cercana al 20%.

La nueva compañía habría sido valorada en aproximadamente 20 mil millones de dólares, mientras que la venta de la participación minoritaria permitiría recaudar hasta 4 mil 200 millones. La FIFA sostuvo que los inversionistas no controlarían sus torneos ni sus decisiones deportivas, pero sus argumentos no consiguieron frenar las críticas sobre una posible privatización parcial del negocio mundialista.

El rechazo se extendió rápidamente. Concacaf y sus 41 asociaciones miembro votaron contra la propuesta, cuestionaron la falta de consultas y señalaron que el proyecto fue presentado sin pasar previamente por los organismos de gobierno correspondientes. La Confederación Asiática también respaldó las preocupaciones expresadas desde Europa y América.

La presión habría obligado a la FIFA a retirar el plan. De acuerdo con información retomada por Reuters, el proyecto dejó de estar activo después de las amenazas de boicot, las divisiones internas y la renuncia de un asesor de Gianni Infantino. El episodio abrió un debate que continuará más allá de la propuesta: quién debe controlar el dinero generado por el futbol mundial.