El Senado aprobó que delitos como la extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, el contrabando y el uso de falsos comprobantes fiscales sean incluidos en el catálogo de más de una docena de delitos sujetos a prisión automática, es decir, sin la necesidad de juicio previo para justificar la detención.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación y pidió al gobierno mexicano no consumar la reforma. Organizaciones no gubernamentales y activistas han señalado que esta medida contradice la orden de la Corte IDH, que en 2021 instó a México a derogar la prisión preventiva oficiosa por ser violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los críticos afirman que esta reforma no solo vulnera los derechos humanos, sino que también podría saturar las prisiones con casos no comprobados, afectando principalmente a personas de bajos recursos o sin acceso a una adecuada defensa legal.
La decisión podría traer consecuencias diplomáticas para México, ya que el país continúa en desacato de las recomendaciones de la Corte IDH y otros organismos internacionales. Esto podría derivar en sanciones o medidas adicionales por parte de instancias como las Naciones Unidas, que ha insistido en la necesidad de proteger el principio de presunción de inocencia.
Especialistas advierten que la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva podría sobrecargar el sistema judicial y penitenciario del país, agravando las condiciones de sobrepoblación carcelaria. Asimismo, se teme que esta medida sea utilizada de manera arbitraria o politizada, afectando a sectores vulnerables y minando la confianza en el sistema de justicia.
Pese a su aprobación, la reforma enfrenta un amplio rechazo por parte de organismos internacionales, que instan a México a garantizar el respeto a los derechos humanos y la independencia judicial. En este contexto, el debate sigue abierto sobre el equilibrio entre combatir delitos graves y respetar las garantías fundamentales de los ciudadanos.
