Los candidatos presidenciales en México, al igual que en muchos otros países, pueden enfrentar diversos riesgos y desafíos durante sus campañas y después de asumir el cargo. 

México ha experimentado episodios de violencia política en el pasado, incluyendo asesinatos y agresiones contra candidatos y líderes políticos. Esto puede deberse a conflictos locales, disputas de poder o la influencia del crimen organizado en la política.

Los candidatos que se oponen a grupos de poder establecidos o que prometen luchar contra la corrupción pueden ser blanco de amenazas o intentos de coacción. Los candidatos pueden enfrentar desafíos relacionados con la inestabilidad social, como protestas y disturbios, especialmente si las elecciones son controvertidas o si la población se siente insatisfecha con el proceso electoral.

Las campañas políticas suelen involucrar ataques personales y difamación, lo que puede dañar la reputación de los candidatos y su capacidad para obtener el apoyo del electorado. Los candidatos pueden enfrentar desafíos legales, como acusaciones de fraude electoral, que pueden resultar en la anulación de una elección o la impugnación de los resultados.

Los presidentes en funciones y candidatos a menudo requieren un alto nivel de seguridad personal debido a la posibilidad de amenazas a su integridad física.