La herida sigue abierta. La desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, entre el 25 y 26 de septiembre de 2014, marcó un punto de inflexión en México, al revelar descarnadamente la connivencia de las autoridades con agentes del crimen organizado.

El uso del aparato del Estado para ocultar los hechos, acaecidos en el estado mexicano de Guerrero, y fabricar una "verdad histórica", que terminó siendo desechada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde julio de 2020, ha dado paso a una nueva indagatoria que no está exenta de polémica. 

Nueve años después, los deudos de los normalistas señalan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de ocultar información relevante para conocer el paradero de los estudiantes durante la llamada Noche de Iguala, así como el establecimiento definitivo de las responsabilidades de los involucrados en el caso de todos los niveles.