La Cámara de Diputados avala una nueva ley tras más de tres décadas, en respuesta a presiones de productores del campo
Este 4 de diciembre, la mayoría de los legisladores de la cámara baja aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas que deroga la normativa vigente desde 1992, además de reformas complementarias a la Ley de Aguas Nacionales.
La decisión responde a demandas de organizaciones agrícolas y rurales que exigían una regulación más clara y actualizada para el uso del agua, con el fin de asegurar abastecimiento para comunidades, productores y evitar sobreexplotación.
Entre los puntos clave de la reforma están la redefinición de los derechos de uso de agua, mecanismos de gestión de cuencas, supervisión estatal reforzada y medidas para garantizar el acceso equitativo. También se contempla mayor regulación de concesiones hídricas y sanciones más firmes para uso ilegal o excesivo.
Se busca que la nueva ley permita coordinar mejor la distribución del agua entre zonas agrícolas, urbanas y medioambientales, atendiendo urgencias de abastecimiento, sequías y preservación de ecosistemas.
El cambio fue celebrado por comunidades rurales y productores, quienes afirmaron que ahora habrá una ley más justa que reconozca la importancia del agua para la agricultura, el desarrollo regional y la sostenibilidad.
Sin embargo, expertos advierten sobre el reto de aplicar la ley de forma efectiva: necesitará inversión, infraestructura, vigilancia real y transparencia. Señalan que los beneficios para población vulnerable dependerán de su implementación responsable, no solo de su aprobación.
