Una investigación periodística revela que agentes participaron en la muerte de un menor sin justificación, avivando el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad
El hecho ocurrió cuando policías intervinieron en un retén improvisado en una zona urbana. Testimonios y grabaciones muestran que el joven fue baleado y no portaba armas, lo cual plantea la hipótesis de una ejecución extrajudicial.
Documentos recabados por organismos de derechos humanos indican que los protocolos de actuación fueron omitidos y que la víctima no recibió atención adecuada tras la agresión.
La denuncia plantea que no se inició la investigación con la diligencia requerida, que las autoridades municipales mostraron omisiones y que, posiblemente, se encubrieron responsabilidades internas.
Activistas señalan que este caso ejemplifica el reto de garantizar control civil y transparencia cuando la misma fuerza de seguridad está implicada en un homicidio.
La comunidad ha exigido que los responsables enfrenten sanciones y que se revise el procedimiento interno de la corporación implicada.
Se espera que la Fiscalía competente abra una carpeta, se soliciten órdenes de aprehensión y el caso se lleve a juicio para asegurar justicia y detonar un mecanismo de reparación para la familia de la víctima.
Este suceso reaviva la urgencia de fortalecer la supervisión ciudadana de las policías y de asegurar que el estado de derecho prevalezca ante cualquier actuación de fuerza.
